Avanza el fin del Multirut

Por Adriana Muñoz

Esta práctica, usada frecuentemente en el retail, consiste en dividir la empresa principal en muchas razones sociales diferentes, con el objeto de entorpecer el cumplimiento de sus obligaciones legales. De este modo se afecta la sindicalización, dificulta la capacitación, se elude la sala cuna y se conculca o minimiza el derecho a gratificaciones, entre otros.

Se trata de un abuso grave. No es posible entender que a vista y paciencia de todo el mundo enormes empresas, de sectores exitosos de nuestra economía, recurran a triquiñuelas burdas para violar la ley y mezquinarles justas reivindicaciones a sus trabajadores.

Ello llegó a ser tan evidente que las mismas firmas que para relacionarse con sus proveedores tenían sólo tres o cuatro gerencias a nivel nacional, disponían de más de 100 razones sociales para efectos de su personal.

Tras una tramitación de casi 10 años, desde que en conjunto con otros diputados presentamos este proyecto de ley, éste parece tener opciones de avanzar.

Por años, fundamentalmente por la oposición de la derecha, fue imposible concordar en un texto que fuera claramente un avance y no se transformara en un retroceso a lo obrado por los tribunales, que han dado la razón a los trabajadores en juicios como los referidos a Hites o Gasco.

El Gobierno anterior se comprometió a legislar en este punto. Sin embargo, sus esfuerzos se diluyeron. Presentó una propuesta, en alguna medida similar a la actual, en cuanto a la definición de unidad empresarial, pero que dejaba la resolución a entidades ajenas a la institucionalidad laboral, como un Panel de Expertos.

La propuesta de la Presidenta Bachelet encuentra su fundamento en un pacto suscrito entre la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC. Ambos sectores acordaron criterios sobre los cuales dos o más empresas deberían entenderse que constituyen una sola.

El eje principal está en la unidad de dirección laboral a lo que se debe agregar, algún otro factor como la complementariedad de servicios o productos, el control empresarial o cualquier otro que el Tribunal estime.

Se destaca que la resolución queda entregada a los Tribunales de Justicia, con asesoría de la Dirección de Trabajo. O sea, los organismos que habitualmente resuelven los conflictos laborales y no entidades externas, como se propuso en la administración Piñera.

Se trata de una fórmula que si bien no concita unanimidad y puede recibir aún perfeccionamientos, tiene el aval de un acuerdo entre las entidades más representativas de trabajadores y empleadores y no constituye riesgo de retrocesos en el ámbito jurisprudencial.

Permitirá, en lo inmediato, ampliar el ámbito de la negociación colectiva en muchos casos y, ciertamente, sus efectos en materias, como gratificaciones, podrá seguir mejorándose en otras normas, como la reforma tributaria que termina con la tributación sobre renta presunta dejándola restringida a las microempresas y la reforma laboral, que vendrá después y que incorporará el fortalecimiento de los sindicatos y del derecho a huelga.

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