Por Ernesto Ottone

Sin ir más lejos, la última encuesta del CEP arroja un 4,4% de confianza en los partidos políticos y un 6,4% en el Congreso. Cifras más que preocupantes.

Las razones son muchas y tienen que ver, en buena parte, con el cambio vertiginoso de nuestras sociedades producto de la globalización que tensa las instituciones políticas en su accionar.

La preeminencia de la imagen sobre la palabra, la emocionalidad por sobre la reflexividad, el carisma por sobre la razón, la cuña periodística sobre la idea, adelgaza el debate democrático, lo desinstitucionaliza, lo inmediatiza.

Todo se conjuga para opinar al vuelo, en base a informaciones superficiales o deformadas, a la pasada, repitiendo muchas veces un prejuicio .

Las instituciones tienden a banalizarse en el ruido ambiente, su rol se empequeñece y pierden su papel articulador de los grandes debates país. Quienes pueblan dichas instituciones también tienden a no ser percibidos como sus representantes, sino como personas ligadas a sus propios intereses.

Los líderes políticos, a su vez, tienden a perder estatura y credibilidad, se les percibe como aspirantes a profitar del poder más que portadores de una vocación de servicio público, con intereses más bien mezquinos y particularistas, se cree poco en sus palabras y se pone en duda su ética.

Quizás es en este plano, el ético, donde más se corroe el prestigio de la actividad política.

La profusión de escándalos y la corrupción como espectáculo demasiado frecuente en muchas sociedades, ligado a escándalos financieros que se producen en sistemas económicos fuertemente desregulados, donde las fronteras entre negocios y política dejan de ser nítidas, donde algunos nombres aparecen en uno u otro campo casi sin transición, dejan en el olvido las viejas connotaciones éticas que les atribuían a las relaciones entre política y economía Adam Smith o Max Weber.

Poco tienen que ver esas concepciones con las realidades promiscuas entre sistema económico y político que vivimos hoy, cuando la política encarecida y personalizada requiere grandes cantidades de dinero para funcionar. Dinero, política, escándalo y hasta farándula se encarnan muchas veces en los mismos personajes.

Si se hojea la prensa española, por ejemplo, se verán páginas y páginas dedicadas a casos de corrupción que incluso adquieren nombre propio para identificar su trama. Pero lo mismo se puede observar en Portugal, Grecia, Italia, Francia y también en Gran Bretaña y la mismísima Alemania.

Los países europeos de democracia reciente cambian de color al calor de los últimos escándalos, en aquellos donde todavía subsiste la opacidad autoritaria, como Rusia, sabemos menos, pero lo que sabemos produce escalofríos.

He dado ejemplos europeos para marcar su globalidad y transversalidad, pero podría haber comenzado por América Latina o Estados Unidos.

Todo ello conduce a la depreciación de la política y los políticos para el común de los mortales y abre, desgraciadamente, las compuertas a todo tipo de populismos, mesianismos y bonapartismos que proponen limpieza a cambio de liderazgo autoritario. Como nos muestra la historia sin excepciones, esos regímenes terminan con la democracia y aumentan la corrupción, al impedir todo control ciudadano.

Si tuviéramos que ubicarnos en una perspectiva comparativa, Chile esta lejos de ser un país corrupto, así lo muestran todas las mediciones internacionales, tenemos una historia larga que nos favorece, al igual que Uruguay en nuestra región, una cierta acumulación de virtudes republicanas que superan ampliamente las malas prácticas.

Sin embargo, ello no es eterno, hoy las exigencias son mayores y las cifras de confianza, extremadamente bajas, algo habrá que revisar tomando en cuenta el nivel de desconfianza existente. No obstante, parecería que nuestros dirigentes políticos no terminan de entender su gravedad.

Ha hecho bien el gobierno actual en enviar un proyecto de ley para modificar la manera en que se financian las campañas y los partidos políticos. Va en buena dirección, pero no basta.

Debería, además, repensarse el control ciudadano sobre el quehacer de los partidos, revisar la estructura de las dietas parlamentarias, los sueldos de altos personeros del Estado y el uso de los recursos públicos en general.

Por supuesto, no se trata de disminuir la autonomía y la dignidad del servicio público. Se trata, simplemente, de que la palabra servir no pierda su significado y que así lo perciba la gente; se trata sólo de guardar la austeridad de la política en su sentido mas noble, ajeno a cualquiera moralina antipolítica.

Finalmente, de lo que se trata es que jamás se puedan aplicar en Chile algunas frases célebres latinoamericanas, como aquella de Carlos Hank de que “un político pobre es un pobre político”, o la del general Alvaro Obregón, que hace ya muchos años decía que “nadie puede aguantar un cañonazo de 50.000 pesos”, o del diputado Luis Barrionuevo, que acuñó la frase “si dejamos de robar dos años nos salvamos”.

Creo que nos resulta más conveniente escuchar a Pepe Mujica, de Uruguay, cuando dice que “a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque si no, terminamos hipotecando la confianza de la gente”.

También es importante recordar a ese gran político italiano Enrico Berlinguer, que advirtió con anticipación el fenómeno de la corrupción al señalar que “la cuestión moral no termina encontrando a los ladrones y los corruptos en las altas esferas de la política y la administración, ésta se refiere a la forma de ejercer el poder”, e ilustraba ello con un detalle: “La gente está cansada de esos autos que vuelan sin motivo violando los semáforos en rojo o ignorando las filas sólo para hacer ganar algún inútil minuto a la personalidad que va en el automóvil”.

Alguien podría retrucar estos argumentos señalando, con razón, que en el mundo específico de los negocios también abundan la corrupción, las marrullerías y las estafas, y que sus montos son incomparablemente mayores, por lo general.

Ello puede perfectamente ser así, pero salvo cuando esos asaltos de cuello y corbata golpean directa y visiblemente a grandes cantidades de consumidores, la sensibilidad de los ciudadanos es menor que cuando un peso del erario público es mal usado.

No se trata de caer en simplificaciones en culpabilizaciones muchas veces injustas, tampoco de pretender que los políticos sean mejores seres humanos que el resto, basta con que no sean peores y que estén sometidos a reglas razonables de austeridad y de control, de manera tal que una opinión pública a su vez menos prejuiciosa y más informada pueda respetar, y también, por qué no, apreciar.

Así se reforzará la representatividad democrática.