Por Jaime Rubio Palma
La sospecha erosionante de que estamos frente a la captura de algunos partidos y de una cantidad indeterminada de parlamentarios por parte de grupos empresariales que posteriormente definen la agenda de los primeros, es altamente preocupante para el futuro de la gobernanza democrática, ya que se proyecta una percepción que las normas y la legislación siempre están determinadas por los intereses de los donantes y no por el interés general.
Toda percepción ciudadana subjetiva puede inocular en el cuerpo social, cuando no se aplican los anticuerpos apropiados, una disfuncionalidad institucional con efectos difíciles de dimensionar, sobre todo cuando se extiende la impresión de que la desproporcionada concentración económica por unos pocos grupos empresariales en el país, se ha materializado debido a la protección del sistema político vigente. Por consiguiente, aparte de regular la relación entre política y negocios, también es necesario impulsar urgentemente una reforma constitucional profunda.
La renuncia de Sebastián Dávalos a la Dirección Sociocultural de la Moneda, fue un gesto indispensable por el hecho que se sospechara que el crédito del Banco de Chile a la empresa Caval provino del tráfico de influencias y considerando que su permanencia en el cargo se contraponía a los principios básicos que orientan el accionar del gobierno: la igualdad y la transparencia. Además, la renuncia -aunque tardía al dejar inexplicablemente el gobierno tal decisión en manos del cuestionado- establece un estándar ético y profesional de conducta para todos los funcionarios públicos.
El Chile del 2015, más que el Chile de 2003, demanda transparencia y estándar de probidad superior y reclama justicia. El ciudadano común exige que los personeros públicos se comporten en concordancia a las normas establecidas en la ley y por parámetros éticos estrictos, puesto que en una sociedad, con una ciudadanía más empoderada, lo que se espera de quienes ostentan un poder relevante en el ámbito político y económico es que actúen conforme a principios de probidad y transparencia más exigentes a los que se le pide al ciudadano de a pie.
Se supone que un parlamentario debe encarnar, en una dimensión mayor, la “conciencia recta”, o sea, la facultad del ser humano de elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y lo que está mal, con relación a sí mismo y a los demás, por tanto, es incomprensible, especialmente cuando estos parlamentarios incumplen su propio Código de Conductas Parlamentarias que indica “la actividad parlamentaria debe ser ejercida con miras a la satisfacción del interés general y con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia….y que todo parlamentario, por ser representante de los ciudadanos, debe esforzarse por actuar, en todos los aspectos de su vida, conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar y ser percibido como un modelo de conducta”
La percepción evaluativa de la UDI sobre sí misma en el escándalo del Pentagate carece de una auto comprensión de las reglas y conductas que deben ser asumidas por los partidos en una democracia, delatando, de paso, una desinhibición normativa en temas tan sensibles como es la transparencia y los conflictos de interés, transformándose en una colectividad con una “conciencia” enteramente cínica. Al no tomar medidas disciplinarias en contra de los parlamentarios involucrados en el financiamiento ilegal de sus campañas políticas, este partido demuestra padecer de una incapacidad patológica para reconocer y ver con una luz distinta los hechos a cómo ven los ciudadanos comunes lo acontecido con la relación simbiótica de esa colectividad con un grupo empresarial que estaba defraudando al fisco en forma sistemática.
Es hora de oír las advertencias y concentrarse en una Agenda por la Probidad que regule el financiamiento de la política para garantizar la total independencia y autonomía de las instituciones del Estado en el cumplimiento de sus funciones, estableciendo una muralla china para impedir la subordinación de ellas a la esfera de los negocios. En este contexto es esencial, entre otras medidas con un larguísimo etcétera, mencionar tres:
1.- fortalecer con recursos, personal y mayores potestades al SERVEL para controlar los gastos de las campañas en forma efectiva y sancionar a quienes obtengan financiamiento no permitidos en la legislación, incluyendo la pérdida del escaño parlamentario (u otro cargo de elección popular).
2.- Poner un tiempo mucho mayor para el tránsito de autoridades al mundo privado en áreas que hayan estado bajo su supervisión (puerta giratoria).
3.- Demandar del SII, la FNE y de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros una acción más proactiva para detectar las argucias de las empresas para evadir impuestos, como también los fraudes de estas en desmedro de los consumidores. Las multas a quienes cometan fraudes y eludan impuestos deben incrementarse a niveles que desaconseje incurrir en estos ilícitos.
Cualquier trasgresión a las normas acordadas, para ser disuasivas, deberían también considerar aumentar el periodo para que los delitos electorales y económicos puedan ser investigados. La prescripción para estos delitos debe extenderse a lo menos a una década desde efectuada la falta punible.
El mal comportamiento ético de las personas que ejercen un poder político, social o económico tiene un efecto nefasto sobre la moral pública – las conductas del resto de la sociedad- Los patrones de moralidad pública se deprecian cuando una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, proyecta una imagen de falta de transparencia, ostentación o comete irregularidades e ilícitos, por tanto, la moral pública, consecuencialmente se deteriora cuando falla la ética y las virtudes públicas de las autoridades.
Es fundamental, entonces, la construcción de muros excluyentes para impedir que accedan al congreso, como a toda la administración pública, las personas con techos de cristal, lo que implica erradicar las malas prácticas del poder y del dinero. Es la tarea pendiente que debe asumir la sociedad en su conjunto para fomentar, vivificar y revalorizar una cultura de la probidad en la esfera de los negocios y en la actividad política y, de paso dignificar el servicio público tan vilipendiado en estos momentos.