Por el Diputado Rodrigo González
El país ha sido conmovido por un amplio movimiento ciudadano que reclamacambios de fondo en nuestro sistema educativo. Se ha expresado la aspiración a unatransformación de las bases de la educación chilena y de los valores que la inspiran.
Se quiere la educación como un derecho y como bien público en vez de un bien privadoy, en consecuencia, fortalecer el papel garante del Estado. Se demanda una regulaciónque ponga fin a la lógica de los negocios y del lucro, que revitalice el papel de laeducación pública tanto a nivel escolar como superior.
La fragilidad de la educación pública es el síntoma más visible del abandono y ausenciadel Estado. Revertir esta tendencia es el objetivo más anhelado por el movimiento ciudadano.
Lograr este objetivo requiere un Gran Acuerdo Social y Político que reformuleíntegramente el sistema educacional, lo que incluye importantes recursos financieros.Por ello será necesario concordar una reforma tributaria, que establezca una estructurade impuestos equitativa, con mayor aporte de las empresas líderes en el sectorproductivo y financiero.
Reformar la Constitución estableciendo el carácter de bien público de la educación,una nueva institucionalidad para el sistema escolar que reemplace la educaciónmunicipalizada, la duplicación del financiamiento por alumno y el alivio a lasfamilias del copago que involucra el financiamiento compartido reemplazándoloprogresivamente por el incremento del financiamiento público, una carrera docenteque redignifique remuneracionalmente y reconozca su relevancia a los profesores,exigiéndoles una enseñanza de calidad, son elementos esenciales del cambio necesarioen educación escolar.
En educación superior un régimen de nuevo trato para las universidades del Estado quegarantice su financiamiento basal de forma sustentable debe acompañarse del respetoal rol y reconocimiento de los fines públicos que cumplen las universidades privadastradicionales. Las nuevas universidades y centros de educación superior privados deexcelencia sin fines de lucro efectivo deberían poder incorporarse a recibir aportes delestado.
Exigir el cumplimiento estricto de la ley que prohíbe el lucro en las universidadesa través de una Superintendencia eficaz e instaurar un sistema de acreditacióníntegramente reformulado es una exigencia básica de la calidad que el estado debeasegurar y exigir a las entidades que reconozca oficialmente.
Reformular la PSU y asegurar el acceso a los mejores alumnos de la educación media,junto con un sistema único de becas y ayudas estudiantiles que garantice la gratuidadcompleta e integral de los estudios al menos a los tres primeros quintiles de ingreso y laaplicación de aranceles diferenciados a los segmentos superiores, junto a la garantía departicipación en las instancias de decisión de estudiantes y funcionarios, incluyendo IPsy CFTs., son pivotes del acuerdo en educación superior.
Dar especial relevancia a la educación técnica superior asegurando su provisión en las regiones a través de institutos públicos y el rescate de una educación de adultos masivay permanente empalmada con los niveles formales para los millones de trabajadores ymujeres que interrumpieron o no pudieron completar sus estudios, junto con la debidaprioridad al fortalecimiento de la educación parvularia completan las ideas matricesdel cambio sistémico de fondo a incluir en el gran acuerdo social y político por unanueva educación.
El país ha alcanzado un desarrollo económico, tiene los recursos y la madurezrepublicana y cultural que permitirían hacer de este cambio el más relevante de suhistoria en educación.
Tengo el convencimiento que si así se declara y se evidencia la voluntad real delGobierno y las autoridades políticas de sentar en una mesa resolutiva con objetivos,plazos y procedimientos previamente concordados, a los actores para madurar yprecisar compromisos de esta envergadura, los estudiantes, profesores, rectores,padres y apoderados y otros actores relevantes que animan el movimiento social por latransformación educacional estarían dispuestos a conversar.
Que ello ocurra depende principalmente del poder ejecutivo. Para ello debe entenderseel mensaje. El movimiento por la educación forma parte de un conjunto de demandas einquietudes ciudadanas de una gran diversidad de actores que ya no están dispuestosa delegar pura y simplemente las decisiones en representantes que durante demasiadotiempo, en unos y otros gobiernos, no los han tomado en cuenta en su anhelo departicipación, de contar con un estado que los defienda y los proteja y que les asegurejusticia e igualdad.
Los cambios en educación pueden ser premonitorios y anticipadores de reformaspolíticas que también están latentes y que son exigidas para que la llamada clasepolítica, por más injusta y poco rigurosa que sea la generalización, pueda recuperarsu credibilidad y volver a llegar a ser representativa en un nuevo marco global detransparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía ya no quiere perdonar.